Verano de 2014. Luego de una seguidilla de acusaciones de espionaje entre Venezuela y Estados Unidos, el 23 de febrero de ese año, el Departamento de Estado decidió expulsar a tres diplomáticos venezolanos en su país. Se trataba de Víctor Manuel Pizani Azpúrua, Marcos José García Figueredo y Luis Ignacio Cajal Ávalos. Éste último, tras ser declarado “persona non grata” en Washington DC y ser condecorado en Caracas, se instaló en la Embajada de Venezuela en Santiago como uno de los hombres de confianza del embajador Arélavo Enrique Méndez.
La nueva vida en Chile de Luis Cajal Ávalos coincidió con debate del “enemigo externo”, que llevó al presidente Piñera a decir la frase “estamos en guerra contra un enemigo poderoso” y “dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin límite, a quemar nuestros hospitales, el Metro y supermercados” para el 18-O.
Según explican funcionarios internacionales, en febrero de 2014, cuando era el primer secretario de la Embajada de Caracas en Estados Unidos, a Luis Ignacio Cajal Ávalos le dieron 48 horas para salir del país junto a su esposa, Luisa Fernanda Meza Paredes.
En ese entonces, la cónyuge de Cajal Ávalos también era parte de la representación chavista en Washington. Meza Paredes hoy permanece destinada en la embajada venezolana en Chile, como segunda secretaria de la sede.
Condecorado por “defender a la patria”
Al abandonar Washington, Ignacio Luis Cajal Ávalos, con su consorte y los otros expulsados, arribaron a Caracas, donde fueron condecorados por el dictador Nicolás Maduro y su entonces canciller Elías Jaua en una pomposa ceremonia.
“Nunca ningún funcionario de Venezuela, en alguna parte del mundo, hará contacto o trabajará con alguien para desestabilizar a otro gobierno. Nuestros dignos compatriotas llegaron hoy, 26 de febrero, a Venezuela. Han sido recibidos y serán homenajeados como ciudadanos y profesionales dignos y honestos que supieron defender su patria”, afirmó a su llegada al país caribeño el canciller de Maduro.
Jaua sostuvo en la oportunidad que la expulsión de Ignacio Luis Cajal Ávalos, Víctor Manuel Pizani Azpúrua y Marcos José García Figueredo fue una represalia del gobierno norteamericano ante la decisión del gobierno chavista de expulsar a tres funcionarios estadounidenses “por estar vinculados con los sectores de la derecha que han provocado hechos violentos”.
De diplomáticos expulsados al estallido social
Tras el homenaje de Maduro, la pareja se radicó en Chile. Llegaron a Santiago en los primeros meses del segundo Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, cuando el canciller era Heraldo Muñoz (PPD). Y luego, con la llegada de Sebastián Piñera, continuaron en sus mismos puestos diplomáticos y sin despertar suspicacias en los organismos de inteligencia.
Incluso, permanecieron con sus rutinas habituales durante el estallido social del 18 de octubre de 2019. Se les vio en actividades en la Cepal, junto a diplomáticos chilenos. También, se les recuerda acompañando al embajador Arévalo Méndez en distintas actividades en embajadas extranjeras.
En la Cancillería confirman que Luisa Meza Paredes continúa en Chile como miembro del staff de la embajada. Sin embargo, sostienen que meses atrás Cajal Ávalos podría haber vuelto a Venezuela.
En círculos militares comentan que, tras su expulsión desde Estados Unidos, su instalación en la embajada bolivariana causó molestia y sorpresa. Explican que los altos mandos militares habían advertido al Ejecutivo de su presencia en Chile y de sus posibles vínculos con actos de espionaje. No obstante, manifestaron que pese a los antecedentes “sus cartas credenciales les fueron aceptadas por el gobierno de Bachelet y también por Piñera”. Asimismo, cuestionan que la tesis del “enemigo externo” fue ridiculizada durante los meses del estallido social de 2019.
La red de topos en Washington
La génesis de la trama de espías comenzó en enero de 2014. Ese año The Washington Post y The New Herald revelaron la existencia de una red de agentes de inteligencia en Estados Unidos mantenida por el régimen chavista. Estaba conformada por simpatizantes de la revolución bolivariana y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) que eran controlados desde Venezuela.
Su objetivo era seguir los pasos de personajes y organizaciones clave de la oposición venezolana y de la política estadounidense. Según publicaron, monitoreaban al senador Marco Rubio, a la congresista Ileana Ros-Lehtinen, y las actividades de ONGs venezolanas como la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio y Venezuela Awareness Foundation.
“La red de cooperantes cobró una mayor importancia a partir del 2012, luego de que el Sebin se vio obligado a desmantelar una red de espionaje en el país a raíz de la expulsión de la cónsul de Venezuela en Miami”, informó The New Herald.
“Persona non grata”
Acosta fue declarada “persona non grata” a inicios del 2012, tras aparecer una grabación suya en un reportaje de la cadena Univisión solicitándole, a quien ella pensaba era un hacker, que consiguiera las claves para poder tener acceso a plantas nucleares en Estados Unidos.
“Pero Acosta no fue la única en ser expulsada de la Embajada de Venezuela. En 2013, el régimen bolivariano perdió otros dos de sus agentes con la salida en marzo de Orlando José Montañez Olivares y de Víctor Camacaro Mata, quienes fueron declarados personas non gratas en represalia por la decisión de Caracas de expulsar a dos estadounidenses de su embajada”, indicaron documentos obtenidos por The New Herald en 2014.
En uno de los informes elaborados por la red, aparece un reporte de una visita a Perú del alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.
“El ciudadano Antonio Ledezma y su esposa arribaron a Lima/Perú el 08OCTB2010 a las 23:00 horas, a bordo del vuelo comercial TACA 035, procedente de la ciudad de Caracas, reuniéndose con los ciudadanos: Manuel Rosales (…) que representan focos de insurrección (sic)”, reportó el documento.
Consultado en su exilio en España por EL DÍNAMO, Antonio Ledezma declinó hacer comentarios. No obstante, en su entorno confirman que estuvo vigilado.
El periodista chileno venezolano Braulio Jatar, que fue detenido por los organismo de inteligencia de Maduro en 2017 y recientemente fue liberado, coincide con esta visión. “No me extrañaría que hubiera personal del Sebin en la embajada de Venezuela en Chile. Debe ser así, porque así operan”, señaló Jatar.
Los agentes expulsados llegan a Chile
Personas que conocieron el caso de Cajal Ávalos, sostienen que se le declaró “persona non grata” por actividades sospechosas que realizó en Miami.
Sólo siete meses después de su expulsión de Washington, en septiembre del 2014, arribaron al staff de la Embajada de Venezuela en Santiago. Ignacio Luis Cajal Ávalos lo hizo como ministro consejero, y su esposa Luisa Fernanda Meza Paredes, como segunda secretaria de la repartición.
Sus nombres figuran en la “Lista de Diplomáticos Extranjeros y OO.II. del Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile” entre 2014 y 2019, a la que tuvo acceso EL DÍNAMO. No obstante, en la lista oficial de diplomáticos extranjeros en Chile del 2021 solo aparece registrada la mujer. No hay registro público de si el diplomático acusado de espionaje haya abandonado el país.
La frase del Mandatario, tras el 18 de octubre de 2019, afirmando que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso” y “dispuesto a usar violencia y delincuencia sin límite (…) con el propósito de producir el mayor daño” apuntaron a “informes que aseguraban que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que sería una célula del G2 (Servicio de Inteligencia cubano), había logrado introducir en Chile a un grupo de agentes”, según indicó El Mostrador.