El 3 de noviembre de 2021 quedará como una fecha clave para Venezuela. Después de tres días de visita en el país sudamericano, Karim Khan, fiscal británico de la Corte Penal Internacional (CPI), dio a conocer que el caso conocido como «Venezuela I» pasa ahora de la fase de examen preliminar a una investigación formal.
Esto quiere decir que la CPI buscará determinar la veracidad de los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde al menos 2017.
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«El fiscal de la CPI ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma», reza un memorando de entendimiento firmado tanto por Khan como por el presidente Nicolás Maduro.
«El fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase. No compartimos la decisión, pero la respetamos», dijo Maduro durante el acto televisado en el Palacio de Miraflores en Caracas.
Es la primera vez que la CPI abre una investigación en esta fase en América Latina.
La visita a Venezuela vino después de otra visita que realizó Khan a Colombia. Allí anunció el cierre del caso abierto hace 17 años por los crímenes cometidos durante la guerra contra las FARC.
Invitado por Maduro, Khan dijo que el examen preliminar que se abrió en 2018 no fue más que «una etapa de filtrado a medida que avanzamos hacia esta nueva etapa», según reseñó la agencia de noticias Reuters.
Aunque aclaró que por ahora no se ha identificado a ningún sospechoso.
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El año 2017 fue escenario de cruentas protestas en las que parte de la población venezolana salió a las calles asfixiada por la escasez de comida, la inflación y la inseguridad, a lo que se sumó la suspensión de un referendo revocatorio contra Maduro.
¿Qué significa el cambio de examen preliminar a investigación?
El cierre del examen preliminar y el inicio formal de una investigación quiere decir que la CPI tiene elementos para pensar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.
Hasta ahora, el fiscal estaba investigando sobre los tipos de delitos cometidos, el contexto y el momento en el que se cometieron, así como si las víctimas habían tenido acceso a la justicia, tal como lo explica la abogada y defensora de los Derechos Humanos Liliana Ortega.
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En esta nueva fase, más focalizada, el fiscal comenzará a investigar cuáles son los casos en los que según él y lo que determinen los hechos, se pudieron cometer crímenes de lesa humanidad.
Según Rafael Uzcátegui, coordinador general de la organización de DDHH Provea, el examen preliminar cumplió con una serie de fases en las que se determinó que los crímenes no estaban siendo investigados debidamente y de forma genuina por la justicia venezolana.
«Ahora en esta fase de investigación comenzarían a establecerse las responsabilidades individuales en los casos en los que la corte decida comenzar el procedimiento», dice.
¿Qué casos serán investigados?
La CPI investigará presuntas torturas, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas que hayan ocurrido contra ciudadanos bajo detención del Estado.
Ortega dice que esta etapa de investigación es muy compleja porque hay que determinar la línea de ataque, si hubo una política de Estado y una sistematicidad en los crímenes. «Va más allá de las violaciones de Derechos Humanos».
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Ortega indica que la decisión de abrir una investigación formal tiene aspectos muy positivos para las víctimas y sus familiares; pero también otros muy delicados por la posible revictimización. Es por eso que considera delicado dar información sobre los casos específicos que la CPI podría investigar.
No todos los casos de presuntos crímenes llegan a la justicia internacional. Tiene que haber suficiente pruebas para que el fiscal haga una radiografía.
¿Qué opciones tiene Maduro?
El anunció del fiscal Khan fue tomado por algunos medios como un posible paso más para juzgar a Maduro y otros responsables del gobierno venezolano en un tribunal internacional, pero por ahora eso está descartado.
El fiscal fue enfático al decir que lo que se está iniciando es una investigación y que por ahora no hay individuos señalados.
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Según Uzcátegui, esta nueva fase de investigación abre una ventana, no solo a las víctimas de estos presuntos crímenes, sino también al propio gobierno.
Y es que Venezuela ratificó el Estatuto de Roma que dio lugar al nacimiento de la CPI, por lo que debe cooperar con la investigación.
Al mismo tiempo, según el memorando firmado por Khan y Maduro, la investigación se llevará a cabo según el principio de complementariedad.
Esto quiere decir que la CPI podrá culminar la investigación si determina que las instituciones venezolanas cooperan de manera genuina y eficaz para que se haga justicia.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno venezolano?
Solo un día después del anuncio de Khan sobre el inicio de una investigación, el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, declaró ante los medios de comunicación que el cierre del examen preliminar y la investigación que se llevará a cabo «no cumplen con los requisitos del Estatuto de Roma».
Saab recordó que Venezuela entregó a la CPI ocho informes que compilan más de 3.000 páginas de información sobre las causas adelantadas por el país para individualizar y procesar a responsables de violaciones a los DDHH.
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Saab se refiere a que el 13 de febrero de 2020, el gobierno de Maduro pidió a la CPI que investigase los presuntos crímenes de lesa humanidad «como resultado de la aplicación de medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el gobierno de Estados Unidos de América contra Venezuela, al menos desde el año 2014».
Sin embargo, Saab le reiteró a Khan que Venezuela le abre las puertas a la investigación de la CPI, y destacó que la cooperación debe ser real.
En septiembre del año pasado, un informe de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también vinculó al gobierno Venezuela con supuestos crímenes.
«La misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe», concluyó la investigación.
En ese momento, Venezuela también rechazó el informe.
¿Por qué es una decisión histórica?
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La apertura de una investigación formal en Venezuela por parte de la CPI es la primera que se realiza en América Latina y ha sido considerada histórica por defensores de DDHH.
Y no solo porque indica que en Venezuela se pudieron haber cometido crímenes «que no fueron debidamente investigados» por la justicia del país, según dice Uzcátegui.
«Creo que también es un golpe muy importante a la imagen internacional del gobierno bolivariano».
Uzcátegui cree que esta primera investigación en América Latina generará un contagio para el resto de los países de la región y puede evitar «que las violaciones de derechos humanos lleguen a estos niveles de gravedad».
Sin embargo, Ortega recuerda que esta investigación será un solo paso más dentro de la justicia internacional.
«Ahora queda un camino por recorrer y entender. Y con base en eso lo hay que seguir haciendo es acompañar a las víctimas».