Querellante contra Piñera, Mañalich, Paris y Zúñiga solicita que los imputados declaren y se levante el secreto bancario de sus cuentas

Martes, 09 de noviembre de 2021


La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CchDH), querellante en el proceso penal seguido por delitos de Corrupción en contra de Sebastian Piñera Echenique, Jaime Mañalich Muxi, Enrique Paris Mancilla Y Arturo Zuñiga Jory, solicitó a la Fiscalía que tome declaración a cada uno de los querellados y se realicen diligencias ante distintas instituciones, además del levantamiento del secreto bancario de los acusados.

Según el escrito, la Comisión solicitó diversas diligencias a la fiscalía que investiga la responsabilidad que le cabe al presidente de la República Sebastián Piñera, el ex ministro de salud Jaime Mañalich, el ministro de salud Enrique Paris y el ex subsecretario de redes asistenciales Arturo Zuñiga, en los delitos de Fraude al Fisco, Negociación Incompatible, Trafico de Influencias, entre otros ilícitos, a objeto de avanzar en la investigación en curso que está tramitando la justicia.

La solicitud indica que se oficie a la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) y a la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional, al Servicio de Impuestos Internos, a la Fiscalía Nacional Económica, y al Consejo de Defensa del Estado, a objeto entreguen antecedentes relevantes sobe los graves delitos investigados.

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Además, solicitó se tome declaración a todos los querellados: el presidente de la República Sebastián Piñera Echenique, el ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich Muxi, al actual Ministro de Salud, Enrique Paris Mancilla y al ex Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zuñiga Jory.

Según la querella presentada las autoridades imputadas por estos delitos «habrían autorizado destinar recursos fiscales por sobre los $5 mil millones de pesos, en la contratación de residencias sanitarias en distintas regiones de nuestro país, no existiendo respaldos por dichas operaciones, o no siendo otorgados los servicios contratados, favoreciendo intereses particulares, entre otras irregularidades.

La existencia de hechos que pueden ser constitutivos de delitos de corrupción y delitos tributarios, entre otros, atentan contra la confianza pública y horadan las bases de una sociedad democrática, atentando de forma permanente el compromiso del Estado de garantizar y respetar los derechos humanos.»

Finalmente, la parte querellante señala que «El Estado chileno, a través de todos sus órganos y Poderes, debe velar por el correcto, eficiente, eficaz y transparente uso y destinación de los recursos fiscales, resultando obligadas las autoridades públicas a responder por sus actos y omisiones en el ejercicio del cargo, en plena concordancia con el principio de probidad administrativa, responsabilidad civil y penal, y conforme la legislación local y los tratados internacionales vigentes, suscritos y ratificados por Chile.».

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